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Elaboración de un estudio sobre el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID19 en personas con discapacidad en Argentina

Buenos Aires (Argentina)

  • Organization: UN WOMEN - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
  • Location: Buenos Aires (Argentina)
  • Grade: National Consultant - Locally recruited Contractors Agreement - Consultancy
  • Occupational Groups:
    • Women's Empowerment and Gender Mainstreaming
    • Disability Rights
    • Legal - Broad
    • Legal - International Law
    • Malaria, Tuberculosis and other infectious diseases
    • Public Health and Health Service
  • Closing Date: 2021-05-12

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Background

TÉRMINOS DE REFERENCIA

 

Objetivo del contrato

Elaboración de un estudio sobre el impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID19 en personas con discapacidad en Argentina

Área temática

Autonomía económica y cuidados

Idiomas requeridos

Español

Tipo de contrato

Acuerdo de Servicios Especiales

(Special Service Agreement – SSA)

Fecha de inicio estimada

20/mayo/2021

Duración del contrato

5 meses

Localización

X Remoto ? Presencial

Tipo de contrato

? Internacional X Local

 

1. Contexto organizacional

La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes.

Las seis áreas de prioridad son:

  • Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres;
  • Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;
  • Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres;
  • Aumentar la autonomía económica de las mujeres;
  • Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, presupuestos y            estadísticas nacionales, locales y sectoriales;
  • Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte de los gobiernos y de otros interesados a todos los niveles.

 

Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el 2015 y posteriormente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, 1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) sobre la violencia sexual en conflictos, también son referentes fundamentales para la labor de ONU MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto.

Programa Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por la COVID-19 desde una perspectiva de género: Promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas mayores y con discapacidad en Argentina

ONU Mujeres, en alianza con la Oficina del Coordinador Residente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), implementa el programa “Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por la COVID-19 desde una perspectiva de género: Promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas mayores y con discapacidad en Argentina”, un mecanismo de financiación interinstitucional de las Naciones Unidas puesto en marcha por el Secretario General para apoyar a los países en la recuperación de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La pandemia de la COVID-19 ha mostrado el impacto diferencial de las crisis en mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad, evidenciando una carga adicional sobre las mujeres como cuidadoras, a la vez que profundizó problemas estructurales para alcanzar su autonomía económica, como el endeudamiento y la falta de acceso al sistema financiero. Para su implementación, ONU Mujeres trabajará en Argentina en diversos ejes de trabajo, en colaboración con ministerios y organismos gubernamentales.

 

2. Antecedentes

Las personas con discapacidad en las áreas urbanas de la Argentina representan el 10,2% de la población nacional (INDEC, 2018) alcanzando un número aproximado de 4,5 millones de personas. La discapacidad presenta mayor prevalencia entre la población bajo la línea de pobreza, algo menos del 20% de ellas estarían en edad laboral. La población con discapacidad encuentra grandes dificultades para acceder al empleo y muestra tasas de empleo 9 puntos porcentuales menores que el resto de la población, así como una mayor desocupación (INDEC, 2018). La situación laboral de estas personas en el país enfrenta déficits en lo cuantitativo y lo cualitativo. (CEPAL, 2020)

-En primer lugar, se registran tasas muy superiores de inactividad (64,1%) con respecto al resto de la población y bajas tasas de empleo (32%). La brecha de género también se verifica entre las personas con discapacidad: las mujeres con discapacidad tienen menor probabilidad de tener un trabajo decente en relación tanto a mujeres sin discapacidades como a hombres con discapacidades (OIT, 2013). El porcentaje de mujeres con discapacidad cuya condición es de inactividad es 15 puntos porcentuales más alto que el de los hombres en la misma situación.

-En segundo lugar, su tasa de asalarización es de alrededor de un 50%, significativamente más baja que la de las personas sin discapacidad. Por eso hay una mayor inserción en actividades por cuenta propia. Una parte (33%) de las personas con discapacidad ocupadas ya tiene acceso a una pensión y el otro 67% que no tiene acceso a una pensión además están expuestas a una fuerte incidencia de la informalidad: más del 56% no están registradas en la seguridad social. El colectivo de jóvenes con discapacidad también enfrenta numerosos desafíos: experimentan tasas de empleo significativamente más bajas y tasas de desempleo mayores que otras personas con discapacidades. Solo un 28,9% de los jóvenes de 14 a 29 años logra acceder a un empleo. La tasa de desocupación alcanza el 16,5% y tienen las menores tasas de actividad (34,6%).

La situación descrita es una combinación de distintas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo formal, buenas condiciones laborales y remuneración. Son tanto barreras de infraestructura que dificultan la accesibilidad al trabajo como barreras institucionales, dado que a pesar de que el país cuenta con una legislación comprehensiva, su efectivo cumplimiento está lejos de ser una realidad. El hecho de que las pensiones para esta población sean incompatibles con un trabajo formal puede resultar una barrera, habida cuenta de las dificultades para volver a tener la pensión ante la pérdida del empleo. (CELAM, 2020)

Las personas con discapacidad y sus familias también sufren mayores desigualdades en relación con el resto de la población. Sus condiciones de vida se ven fuertemente deterioradas por las limitaciones que enfrentan en el acceso a la educación y al mercado de trabajo. Por eso no sorprende que las situaciones de discapacidad sean más frecuentes en las regiones más pobres del país, sobre todo la del Norte, lo cual indica que la discapacidad no es siempre aleatoria, sino que se vincula con otras dimensiones, como las condiciones de vida y la territorialidad. (Mazzola, 2019)

A su vez, las personas con discapacidad son frecuentemente víctimas de discriminación: según el relevamiento realizado por el INADI (2014), más del 50% de las personas con discapacidad han sufrido alguna vez un acto discriminatorio. Hasta hace pocos años, el marco legal argentino respondía al “paradigma rehabilitador”, que concibe a la discapacidad como un defecto. Si bien recientemente se han hecho esfuerzos para modificar este enfoque, lo que se refleja en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y en la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, en la práctica el accionar del sector público frecuentemente se mantiene dentro de la orientación anterior, lo que se observa en las internaciones psiquiátricas involuntarias y la frecuente delegación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en sus tutores. (CELS, 2017)

En 2019, alrededor de 240.000 personas recibieron la asignación familiar por hijo con discapacidad. Asimismo, entre los aproximadamente cuatro millones de personas que perciben la AUH, alrededor de 18.000 corresponden a hijos mayores de 18 años con alguna discapacidad (ANSES, 2020). Del grupo de 6 a 14 años, solo 52.000 niños y niñas con discapacidad reciben pensiones (INDEC, 2018). Los programas y las políticas para la primera infancia no contemplan de forma suficiente la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Se reconoce la necesidad de acceder a diagnósticos desde la perspectiva del modelo social, así como también disponer de tratamientos y modos de apoyo. Los niños, las niñas y los/las adolescentes con discapacidad presentan menor nivel de cobertura de salud dentro del grupo de personas con discapacidad: 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes con discapacidad no tiene cobertura explícita de salud. (INDEC, 2018)

Cerca del 65% de las niñas y los niños de entre 0 y 5 años y cerca del 55% de quienes tienen entre 6 y 14 años declara tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente (INDEC, 2018a). Esto significa que proporciones significativas dentro de esta población pueden estar en riesgo de no acceder a las prestaciones habilitadas por la posesión de dicho certificado, entre las cuales se encuentra la AUH o la asignación familiar correspondiente a hijo con discapacidad.

Asimismo, lejos de tener garantizado su derecho a la educación, los niños, las niñas y los/las adolescentes con discapacidad deben hacer frente a diversos obstáculos para acceder y completar los estudios obligatorios: características de la oferta, inexistencia o escasez de personal con formación específica de apoyo para la integración, actitudes explícitas o veladas de discriminación. Asimismo, llama la atención la escasa información educativa acerca de este grupo, ya que, más allá de la cuantificación de estudiantes, servicios educativos y cargos docentes, no se conocen con mayor detalle aspectos vinculados con la asistencia y trayectoria por el sistema educativo (Fernández, 2019). De acuerdo con el último informe del INADI, una de cada cuatro denuncias recibidas en 2017 correspondía a discriminación por discapacidad. De estas, el porcentaje más elevado (17,2%) era por discriminación en el acceso a la educación. (INADI, 2019)

La pandemia de la COVID-19 seguramente ha exacerbado las innumerables inequidades y desventajas que viven las personas con discapacidad, relacionadas con la pobreza y la exclusión educativa, laboral y social, y el abandono que emerge con frecuencia en contextos de crisis como el actual tiene un efecto “acumulativo” aún más grave, cuando las acciones de protección de derechos y garantías para resguardar la salud y el bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad, no se ofrecen o son insuficientes. (CEPAL, 2020)

En este marco, la ausencia de información confiable y suficiente acerca de las personas con discapacidad, así como la escasa capacidad de respuesta por parte de los Estados para recoger información, son un desafío que aparece de forma reiterada en los informes y análisis dedicados al tema. Estas limitaciones redundan en graves ausencias de información para entender los impactos económicos y sociales de la pandemia en la población con discapacidad. Adicionalmente, identificar y localizar a las personas con discapacidad que puedan requerir apoyo en el contexto de la pandemia, también ha sido un desafío. Por ello, es imprescindible fortalecer y expandir las fuentes de información sobre la población con discapacidad, identificando las necesidades y demandas que permanecen inadvertidas. Se trata de insumos de gran valor técnico y estratégico para la mejora de las estrategias de respuesta, así como los mecanismos de priorización y focalización. (CEPAL, 2020)

Si bien las prioridades de salud para las personas con discapacidad en el contexto de la COVID-19 han sido planteadas en sucesivos documentos (OPS, 2020; Naciones Unidas, 2020) y declaraciones internacionales que cuentan con la opinión de especialistas y de organizaciones sociales relacionadas con la discapacidad (IDA, 2020; DRI, 2020), ello no ha sido suficiente para evitar el empeoramiento del acceso a servicios y medicinas como en la atención ambulatoria, rehabilitación y la posibilidad de recibir atención en salud mental con modalidades accesibles para las personas con discapacidad (CEPAL, 2020). Las necesidades más relevantes se refieren a la protección derecho a la vida y de los estándares humanitarios, a la continuidad de los tratamientos y de los servicios de atención para comorbilidades, la protección con relación a la violencia de género e intrafamiliar y la relajación de la imposición de aislamiento entre las prioridades de salud para la población con discapacidad. Una declaración de la Red Global de Acción por la Discapacidad (Global Action on Global Disability, GLAD) señaló que la exclusión de las personas con discapacidad y sus familias del círculo completo de prevención, tratamiento y recuperación del COVID-19 tendrá un impacto significativo en los resultados de la lucha general contra la pandemia (GLAD, 2020). Según la OPS (2020), las barreras más frecuentes son el acceso a medidas básicas de higiene, las dificultades para mantener el distanciamiento físico debido a la necesidad de apoyos o porque las personas están institucionalizadas, la necesidad de tocar cosas para obtener información del entorno para personas con discapacidad visual y los obstáculos para acceder a la información de salud pública. Por otra parte, el acceso a los servicios de salud implicaba desafíos complejos en muchas personas con discapacidad y sus familias, dadas las barreras en el transporte y la dificultad de obtener los apoyos, asistencia personal y cuidados que son imprescindibles en muchos casos (OMS, 2011) y que se han complejizado en este contexto. Dada la falta de acceso al transporte y las barreras en la infraestructura urbana de las ciudades, resolver necesidades cotidianas sin salir de casa ha implicado para la mayoría de las personas con discapacidad, grandes desafíos. La falta de autonomía ha incrementado las necesidades de apoyo y generado nuevas situaciones en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, el cumplimiento de algunas medidas básicas de higiene se ha visto limitado por la falta de accesibilidad física a lavatorios y otros elementos de higiene, el uso de mascarillas implicó limitaciones de comunicación para muchas personas sordas y la necesidad de tocar el entorno para movilizarse ha sido un inconveniente frecuente para las personas ciegas. Los servicios sociales comunitarios que brindan apoyo psicosocial, comida e higiene han sido interrumpidos, en un contexto que incrementa los padecimientos relacionados a la salud mental, como la ansiedad y la depresión, los establecimientos existentes para el cuidado de personas con discapacidad mental, que hospedan mayormente a personas mayores, presentan condiciones deficitarias relacionadas con el hacinamiento, el encierro, y el aislamiento social. En el contexto de la pandemia estos desafíos son aún más complejos: el coronavirus redefinió muchas áreas de atención, generó temores y reestableció barreras actitudinales y comunicacionales. (CEPAL, 2020)

Por otro lado, la provisión de asistencia a personas con discapacidad que adquieren la COVID-19, así como la continuidad de servicios cuando las personas que enferman son proveedoras de cuidados, emergen como un cuello de botella frecuente y de compleja solución. La provisión de servicios alternativos de apoyo y atención (acceso a consulta vía telemedicina o propuestas de atención en línea de urgencias en salud mental, entre otros) fue apenas incipiente en los países. Del mismo modo, las medidas de confinamiento obligatorio establecidas en los países configuran un desafío particular para las personas con discapacidad. (CEPAL, 2020)

Además, el empleo es una de las áreas con fuerte impacto sobre la situación de las personas con discapacidad. En la Argentina, el 65% de los hogares con una persona con discapacidad vio reducidos sus ingresos a causa de la pandemia de la COVID-19 y el 15% perdió al menos un empleo (en comparación al 60% y el 7,2% del total de los hogares), considerando adicionalmente que en general, las personas con discapacidad tienen un vínculo muy débil con el mercado laboral formal y su frecuente inserción en el sector de servicios y en la informalidad los/as expone a la inmediata disminución de la demanda en casi todos los casos. (CEPAL, 2020) (Naciones Unidas, 2020)

En cuanto a la protección social de las personas con discapacidad, desde antes de la irrupción de la pandemia, la correlación entre pobreza y discapacidad había sido ampliamente documentada tanto en la región como a nivel global (Groce y otros, 2011; Ullmann y otros, 2020) y la garantía del acceso a derechos y protección social a personas con discapacidad era aún incipiente en la región (Ullmann, 2017). En muchos países, como consecuencia de la imposibilidad de trabajar y/o de los bajos ingresos en el hogar, las personas con discapacidad reciben pensiones o transferencias monetarias. Sin embargo, sus montos tienden a ser bajos, existen dificultades relacionadas con la selección de los destinatarios, los procesos son engorrosos (Ullmann y otros, 2020), y sus montos no se corresponden con los altos niveles de pobreza en los hogares, ni con los costos adicionales que implica tener un miembro de la familia con una discapacidad, que justificaría montos de transferencias diferenciados y superiores a los destinados a la población sin discapacidad (Ullmann y otros, 2020). Esta arquitectura de protección social responde a un arraigado enfoque de predominio asistencialista- caritativo hacia la discapacidad devenido del siglo XX (Meresman, 2016) y en el contexto actual, la discontinuidad de las intervenciones de los sistemas de protección y cuidado a las personas con discapacidad es uno de los principales desafíos impuestos a la población con discapacidad. (Naciones Unidas, 2020)

Por tanto, esta situación implica una fuerte precariedad ante cualquier crisis ya que, en toda la región de América Latina y el Caribe, la población con discapacidad se encuentra entre los quintiles más pobres, experimenta mayores tasas de desempleo y depende de sus propias redes familiares y comunitarias para acceder a los cuidados básicos y afrontar gastos como asistencia personal o salud, los que muy probablemente en este contexto, pueden resultar escasos y haber incrementado su costo. (CEPAL, 2020)

Además, existen pocas medidas a nivel regional, que consideren a la población con discapacidad de manera específica. Si bien muchas veces se menciona a las personas con discapacidad como parte de un listado de grupos vulnerables, no se plantean indicadores clave que permitan comprobar si las adaptaciones y ajustes razonables han sido implementadas para asegurar su efectivo acceso a servicios, programas o beneficios. En términos del acceso a educación, salud, protección social, protección contra la violencia, trabajo decente y mitigación de la pobreza, entre otros, esto resulta incoherente con la vulnerabilidad estructural de una parte importante de la población con discapacidad, exacerbada no solo durante la pandemia, sino también en el periodo de recuperación. (CEPAL, 2020)

Duties and Responsibilities

 

3Objetivo 

El objetivo de este llamado es contratar servicios para la elaboración de un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en las personas con discapacidad en la Argentina, que incluya recomendaciones para fortalecer un sistema de cuidados que aborde de manera integral las necesidades de este grupo poblacional.

Los objetivos generales del estudio son los siguientes:

  1. Describir los cambios socioeconómicos que se produjeron debido al contexto de pandemia en los hogares con personas con discapacidad, en términos de bienestar económico (indigencia-pobreza-satisfacción de necesidades de consumo), situación sociolaboral, acceso a programas de seguridad social, organización del sistema de cuidado y efectos sobre la calidad de vida.
  2. Identificar los efectos generados bajo el escenario COVID-19 en las condiciones socio-ocupacionales (inactividad forzada, empleo, ingresos, seguridad social), de salud (acceso y calidad de la atención) y de bienestar subjetivo (sintomatología ansioso-depresiva) de las personas adultas con discapacidad y en la población adulta de conviviente.
  3. Evaluar el impacto del contexto de pandemia sobre el acceso y calidad de los accesos educativos en niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad, y su vinculación con el nivel socioeconómico y la composición del hogar. 
  4. Describir, desde la perspectiva de los sujetos, las dificultades que los hogares con personas con discapacidad han transitado durante el período de pandemia por COVID-19, y en este marco identificar cuáles han sido las principales debilidades de los servicios de cuidado orientados a personas con discapacidad durante el período de pandemia por COVID-19.

 

Se espera además que, en función de los resultados del proceso de investigación, el estudio incluya recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar las prácticas que se están implementando y/o el desarrollo de nuevos dispositivos que puedan satisfacer las necesidades de apoyo y mejorar la calidad de vida de dicho grupo poblacional.

 

4. Metodología 

Para el objetivo 1 se propone una metodología cuantitativa con análisis de casos panel y/o estática comparada (2019-2020) para Hogares con personas con discapacidad. Se requerirá disponer de una muestra panel de hogares con personas con discapacidad, pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos y composición familiar, representativa de distintos aglomerados urbanos y regiones del país.

Para el objetivo 2 se propone una metodología cuantitativa con análisis de casos panel y/o estática comparada (2019-2020) para personas con discapacidad. Se requerirá disponer de una muestra poblacional panel con posibilidades de generar información para diferentes tramos etarios (0-17, 18-29, 30-59, 60 y más) y sexo de las personas, representativa de distintos aglomerados urbanos y regiones del país.

Para los objetivos 3 y 4 se propone una metodología cualitativa de entrevistas en profundidad a personas y hogares con personas con discapacidad siguiendo una tipología de riesgos sociales relevantes construida en función de variables sociodemográficas y/o niveles de vulnerabilidad de hogares y población en contexto de discapacidad.

 

5. Alcance de los objetivos

Se espera que el/la titular lleve a cabo las responsabilidades y actividades necesarias para la entrega de los productos descritos a continuación con la finalidad del logro de el/los objetivo/s de la consultoría.

Actividad

Producto/ Entregable

Plazo de entrega

1. Elaborar el plan de trabajo inicial de la consultoría que contemple la estructura del contenido de cada una de las investigaciones.

Producto 1. Plan de trabajo y propuesta metodológica.

 

A los 20 días de iniciada la consultoría.

 

2. Desarrollar el estudio de carácter cuantitativo y cualitativo.

Producto 2. Investigación preliminar (draft) sobre el impacto económico de la pandemia en personas con discapacidad en Argentina.

A los 90 días de iniciada la consultoría.

3. Redactar el informe final que consolide los hallazgos y contenga recomendaciones de política pública.

Producto 3. Informe final publicable de resultados, hallazgos y recomendaciones de política pública.

A los 150 días de iniciada la consultoría.

 

6. Forma de pago

El pago por los servicios se realizará luego de la entrega de cada producto establecido en la tabla anterior, sujeto a satisfacción y aprobación por parte de ONU Mujeres en acuerdo con el cronograma establecido a continuación. Al tramitar el último pago debe ir acompañado de la evaluación de rendimiento de el/la consultor/a junto con el certificado de pago (COP por sus siglas en inglés) para procesar el pago final.

 

 

Pago

 

Producto/ Entregable

 

Condición de pago

1

Producto No.1

20% del total del contrato

2

Producto No.2

 

40% del total del contrato

3

Producto No.3

40% del total del contrato

 

El contrato SSA determina la inclusión de todos los costos (todo incluido); la Organización no asumirá costos o beneficios adicionales a los honorarios por servicios.  Por lo tanto, es responsabilidad del consultor/a contar con seguro médico por el periodo del contrato y se recomienda que incluya cobertura médica para enfermedades relacionadas a COVID-19.  La cobertura médica deberá ser internacional en los casos que el contrato requiera misiones o asignaciones internacionales.

 

De ser seleccionado/a para esta vacante, se requerirá presentar prueba de cobertura médica dentro de los dos primeros meses del contrato.

 

7. Supervisión y evaluación de desempeño

La consultoría será gestionada por ONU Mujeres Argentina. La supervisión de esta consultoría será realizada por la oficial a cargo del Programa de ONU Mujeres. El/la Consultor/a no es funcionario/a de Naciones Unidas y realizará las actividades relativas a su consultoría de manera virtual, desde su propio espacio de trabajo de acuerdo con lo acordado en el plan de trabajo.  

A los tres meses de iniciada la consultoría se realizará una evaluación del desempeño de la persona seleccionada y los productos producidos, y en caso de no ser favorable se terminará de común acuerdo el contrato dentro de los 30 días siguientes.

Para el buen desarrollo de la consultoría, la supervisora facilitará al/la consultor/a los documentos existentes y la información de la que ONU Mujeres disponga vinculadas a los temas de la consultoría. Es responsabilidad del/la consultor/a obtener información primaria y secundaria de otras fuentes, si fuera el caso necesario.

El/la consultor/a mantendrá permanente coordinación con la supervisora para una efectiva ejecución y desarrollo de los productos solicitados de la presente consultoría. Así como también, proveerá información según se le solicite en el marco de los términos de referencia. 

En el contexto actual de la crisis debido al COVID-19, no se prevé viajes para esta consultoría, sino trabajo remoto y virtual. Esto puede cambiar pasada la situación actual de crisis.

 

8. Indicadores de rendimiento

 

  • Productos/ entregables presentados en tiempo y forma según los TDRs
  • Calidad del trabajo
  • Cumplimiento de los resultados esperados
  • Cumplimiento de las competencias citadas (Ref. Perfil de el/la consultor/a)

 

9. Derechos Intelectuales, Patentes y Otros Derechos de Propiedad

El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por ONU Mujeres a el/la consultor/a para el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente contrato deberá permanecer con ONU Mujeres y dicho equipamiento deberá devolverse a ONU Mujeres al finalizar el presente contrato o cuando ya no sea necesario para el/la consultor/a.  Dicho equipamiento, al momento de devolverlo a ONU Mujeres, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado a el/la consultor/a, sujeto al deterioro normal.  El/la consultor/a será responsable de compensar a ONU Mujeres por el equipo dañado o estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.

 

ONU Mujeres tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derecho de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el consultor haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución de la presente consultoría, y el/la consultor/a reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación de ONU Mujeres. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad de el/la consultor/a: i) que existían previamente al desempeño del/la consultor/a de sus obligaciones en virtud del presente contrato, o ii) que el/la consultor/a pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente contrato, ONU Mujeres no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el/la consultor/a concederá a ONU Mujeres una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente contrato.

 

Competencies

 

10. Competencias

 

Valores fundamentales:

  • Integridad;
  • Profesionalismo;
  • Sensibilidad cultural y diversidad de valores.

 

Competencias principales:

  • Conciencia y sensibilidad con respecto a las cuestiones de género;
  • Participación de los interesados.

 

Competencias funcionales:

  • Óptimas capacidades de redacción en español;
  • Excelentes capacidades comunicativas;
  • Compromiso con la temática;
  • Correcta elaboración de productos de conocimiento.

Required Skills and Experience

11. Procedimiento de selección y requisitos para aplicación:

El proceso de selección se realizará a través de un desk review, en el que se realiza primero una verificación formal de que las postulaciones cumplan con las pruebas documentales para ser examinadas y los requisitos mínimos establecidos para la consultoría. Luego, se realiza la evaluación técnica de las candidaturas recibidas, que serán calificadas en base a requisitos técnicos establecidos en la siguiente tabla de calificación:

 

Criterios de evaluación

Puntaje

  1. Título Universitario en Economía, Sociología u otras Ciencias Sociales y áreas afines.

20

  1. Maestría y/o especializaciones en derechos, asistencia social y/o estudios de las personas con discapacidad.

20

  1. Al menos 5 años de trabajo comprobable en temáticas relacionadas con las personas con discapacidad.

20

  1. Experiencia demostrable en el campo de la investigación, análisis y procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos.

20

  1. Publicaciones sobre aspectos socioeconómicos de las personas con discapacidad.

10

  1. Excelentes habilidades de comunicación escrita, analíticas y técnicas (se evaluarán sobre la base de las publicaciones previas presentadas con la documentación)

10

TOTAL

100

 

Las/los candidatas/os preseleccionadas podrán ser convocadas/os a una entrevista basada en competencias sobre el nivel de conocimiento del área temática y sobre el tema específico de esta consultoría.  El peso relativo de la entrevista en caso que se defina realizarla luego del desk review será de un 50% sobre el total de la puntuación (es decir 50% por la tabla de cumplimiento de los requisitos y 50% por la entrevista).

  1. Documentos a ser presentados para la postulación
  1. UN Women Personal History Form (P11), que se puede encontrar en el link: http://www.unwomen.org/es/about-us/employment
  2. Identificación personal (cédula o pasaporte)
  3. 2 muestras de publicaciones/productos de conocimiento.

 

NOTAS IMPORTANTES.

  • Al momento de aplicar se deberá cargar un (1) solo archivo en formato PDF. Se adjunta una guía para que usted pueda realizar este paso.??https://www.wikihow.com/Merge-PDF-Files.
  • ONU Mujeres no asume responsabilidad y solo describe una de las tantas formas de comprimir los documentos relativos a la aplicación.  Usted podrá utilizar la que considere prudente. 
  • Las aplicaciones recibidas incompletas o fuera de la fecha de cierre no serán consideradas. 
  • Solo aquellas candidaturas que clasifiquen en la lista corta (al menos las tres con mayor puntuación) serán contactadas para entrevista (si aplica).
  • Los/as consultores/as que tengan vínculo laboral con instituciones públicas sólo podrán ser contratados si presentan prueba de permiso laboral (licencia) sin vencimiento y una carta de no objeción a la realización de la consultoría, emitida por la institución empleadora. En caso de que el vínculo de los/las candidatos/as sea con una institución de investigación, centro académico o universidad, basta presentación de carta de no objeción emitida por la institución empleadora. 
  • Los/as consultores/as seleccionados deberán tener cobertura médica y presentar prueba de su cobertura en los dos meses siguientes a la firma de su contrato.
  • En caso de que la consultoría requiera viajar, se deberá, confirmar cobertura médica, vacunas requeridas según el destino y seguro de viaje.
  • En caso de consultoría tipo internacional, la moneda será dólares americanos o la moneda local.

ONU Mujeres está comprometida a lograr la diversidad laboral en términos de género, nacionalidad y cultura. 

Las personas de grupos minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad son igualmente incentivadas a postularse. 

Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad.

 

 

We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
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